La disputa que protagonizan desde hace un mes cientos de mineros ilegales recluidos en una galería en la localidad sudafricana de Stilfontein, en el noroeste del país, ha alcanzado un momento crítico durante los últimos días ante la negativa de las autoridades a proporcionarles ningún tipo de ayuda oficial para sobrevivir en su interior.
Estos mineros son los conocidos como 'zama-zama' ('Corre el riesgo', en idioma zulu) y suelen entrar en minas abandonadas de Sudáfrica para extraer los restos de minerales que quedan en su interior, una práctica que representa enormes pérdidas para las autoridades sudafricanas.
Harto de la situación, el Gobierno sudafricano ha emprendido una iniciativa conocida como Operación Vala Umgodi ('Tapar el agujero') contra la minería ilegal. En el caso concreto de Stilfontein, el dispositivo policial que forma parte de la operación ha confirmado que, desde el pasado 18 de octubre, un total de 1.004 mineros han sido arrestados tras salir de la galería pero asume que todavía quedan cientos de ellos dentro de la mina.
Aunque la Policía tiene acordonado el lugar, dada la gravedad de la situación ha ido permitiendo la entrada de voluntarios para proporcionar comida y agua a los mineros que siguen en su interior, muchos de los cuales son migrantes sin papeles que se resisten a entregarse a las autoridades.
El jueves, el líder comunitario Thembile Botman indicó a la BBC que esta crisis ha dejado un fallecido, cuyo cuerpo sin vida fue extraído del interior de la mina por un grupo de estos voluntarios, pero ahora mismo se desconocen las circunstancias exactas de su muerte.
INVESTIGACIÓN HUMANITARIA
Este pasado viernes, la Comisión para los Derechos Humanos de Sudáfrica (SAHRC), una institución independiente, ha anunciado el comienzo de una investigación para determinar si las fuerzas de seguridad están atentando contra los derechos de los mineros.
La comisión cuenta con informaciones de que, hasta este pasado martes, "los Servicios de Policía Sudafricanos (SAPS) habían restringido los suministros esenciales, como alimentos, agua y medicamentos para presionar a los mineros".
"Si bien la Comisión condena la criminalidad y apoya las operaciones legales que aborden dicha conducta, enfatiza que cualquier enfoque debe adherirse a los principios de Derechos Humanos y los imperativos constitucionales", añade en un comunicado publicado en su página web.
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