Hong Kong, 14 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Hong Kong condenó este jueves a 23 años y 10 meses de prisión al autor intelectual que planeó un frustrado atentado contra la Policía durante las protestas que azotaron la ciudad en 2019.
La corte emitió sentencias contra un total de siete acusados en virtud de una ley antiterrorista de la ONU -el primer caso de este tipo en la historia de la ciudad-, seis de los cuales se enfrentaban a cadena perpetua por su papel en el atentado frustrado.
Según el tribunal, Ng Chi-hung, de 28 años, tramó un complot para usar explosivos y armas reales contra la Policía e invitó a una grupo radical, la ‘Brigada de Exterminio del Dragón’, liderada por Wong Chun-keung, de 26 años, a que se uniera a la conspiración.
Ng Chi-hung fue condenado a 23 años y 10 meses de prisión, mientras que Wong Chun-keung recibió 13 años y medio.
Los acusados admitieron varios cargos, incluyendo conspiración para detonar explosivos y tenencia ilícita de armas. La única mujer acusada, Lau Pui-ying, negó un cargo de conspiración por proporcionar o recoger bienes para cometer actos terroristas y fue absuelta.
Según la fiscalía, los imputados pertenecían a dos grupos radicales y planearon llevar a cabo un atentado con bomba durante una concentración organizada por el grupo prodemocrático Frente Civil de Derechos Humanos, actualmente disuelto.
La acusación sostiene que los miembros de dicha banda intentaban atraer a los agentes hacia las inmediaciones de dos dispositivos explosivos colocados en la céntrica calle Hennessy, mientras que un tirador de otro grupo tenía como encargo de abrir fuego contra las fuerzas desde un edificio cercano.
Las protestas en Hong Kong se desataron en junio de 2019 en respuesta a un proyecto de ley de extradición que fue posteriormente retirado.
A medida que las manifestaciones avanzaron, se transformaron en expresiones de descontento, algunas de ellas violentas contra la conducta policial, en un contexto marcado por llamados a la democracia y la preocupación por la intromisión de Pekín en los asuntos de la región.
China desactivó las protestas tras imponer una Ley de Seguridad Nacional -en la que se prevén penas de hasta cadena perpetua por delitos de secesión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras- que acabó con los activistas más destacados del movimiento prodemocrático exiliados o en prisión.
Cientos de organizaciones de la sociedad civil e innumerables activistas han cesado sus actividades o han abandonado la ciudad, incluidos grupos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, defensores de los derechos humanos, abogados, o periodistas. EFE
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