Vocal del CGPJ considera "imprescindible" la coordinación institucional para combatir la violencia de género

La vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Rojo, ha defendido abordar la violencia sobre las mujeres "desde una perspectiva multidisciplinar, algo muy importante para seguir trabajando desde una imprescindible coordinación institucional", según ha informado el Observatorio contra la violencia doméstica y de género.

Así lo ha manifestado este viernes Rojo durante la calusura del IX Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, celebrado en el Senado, donde ha señalado que "los muchos avances" logrados en materia de violencia de género desde la entrada en vigor de la LO 1/2004 "deben servir como estímulo para que todas las instituciones y colectivos profesionales implicados en la lucha contra esta forma de criminalidad sigan colaborando para reforzar la asistencia y protección a las víctimas, así como la respuesta penal a los agresores".

La vocal ha agradecido a todos los intervinientes su dedicación y compromiso y ha recordado que la celebración de este congreso, del que se celebra su novena edición, ha permitido abordar la violencia sobre las mujeres desde una perspectiva multidisciplinar.

En este sentido, ha reiterado la disposición del órgano de gobierno de los jueces a profundizar en esa cooperación para prevenir y combatir un tipo de violencia "que atenta contra los derechos fundamentales".

Durante su intervención, ha destacado el "paso de gigante" que supuso la aprobación de ley integral en 2004, pues contribuyó "a que una realidad oculta, que se lleva a cabo en la intimidad del hogar, comenzara a aflorar".

"Y conocer una realidad criminal es un paso previo inexcusable para combatirla y para poder dar protección efectiva tanto a las mujeres víctimas como a sus hijos", ha apuntado.

Esther Rojo ha hecho hincapié en los retos de futuro que los trabajos realizados durante el Congreso han permitido poner de manifiesto. Entre ellos, la necesidad de ahondar en la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer y sus hijos y, con este fin y de acuerdo con las previsiones contenidas en el Convenio de Estambul, trabajar en la puesta en marcha de campañas de sensibilización, de programas educativos y en la formación de profesionales.

"Especial relevancia presenta la prevención y sensibilización en el ámbito sanitario, sociosanitario y servicios sociales, así como en el ámbito digital y educativo", ha recalcado Rojo.

El perfeccionamiento de las herramientas para la valoración y gestión del riesgo (tanto de la letalidad, como de la gravedad de la situación y de la posibilidad de reincidencia) es otro de los retos que deben afrontarse, por cuanto resulta "indispensable para la adopción de medidas de protección" adecuadas a cada situación.

También la potenciación y completo despliegue de las Unidades de Valoración Forense, por la importancia del trabajo multidisciplinar realizado por estos profesionales (forenses, psicólogos y trabajadores sociales) para valorar y determinar el daño físico, psíquico, sexual, psicológico y social que generan en las víctimas la habitualidad del maltrato y el clima de violencia.

Otro de los aspectos relevantes que ha quedado patente tras escuchar durante el Congreso "los sobrecogedores testimonios" de cuatro mujeres, es la necesidad de tener en cuenta la situación de vulnerabilidad particular de cada víctima, en la medida en que implican un mayor riesgo de sufrir violencia.

En concreto, las mujeres con discapacidad, las migrantes indocumentadas, las mujeres sin hogar o las que viven en zonas rurales, las de edad avanzada o las que sufren trastornos por consumo de alcohol y drogas, las mujeres de origen racial o étnico minoritario y las personas LGTBI.

Finalmente, la prevención de las nuevas formas de criminalidad derivadas del uso de las nuevas tecnologías (ciberacoso, difusión no consentida de material íntimo o manipulado, etc.), que en muchos casos conllevan un riesgo mayor de victimización reiterada y prolongada en el tiempo.