Uagadugú, 29 oct (EFE).- Una masacre cometida el pasado mes de agosto en Burkina Faso por un grupo yihadista vinculado a Al Qaeda, que dejó más de 200 muertos, la mayoría civiles, demuestra que el Gobierno burkinés debe priorizar más la protección de la población civil, alertó este martes Human Rights Watch (HRW).
"La masacre de Barsalogho es el último ejemplo de las atrocidades cometidas por grupos armados islamistas contra civiles a los que el Gobierno ha puesto en peligro innecesariamente", dijo en un comunicado la directora adjunta para África de HRW, Carine Kaneza Nantulya.
El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe) perpetró el brutal ataque el pasado 24 de agosto en esa localidad de la provincia de Sanmatenga (centro-norte), mientras los vecinos cumplían con las órdenes militares de cavar trincheras para frenar el avance yihadista.
La población se había negado previamente a ayudar a las fuerzas de seguridad en esa tarea al temer represalias terroristas.
A través del análisis de cuatro vídeos y entrevistas a doce testigos del ataque, HRW concluyó que murieron al menos 133 personas, incluidas decenas de niños, y que al menos 200 resultaron heridas.
Esa cifra está por debajo de los más de 200 muertos que un trabajador humanitario de una ONG internacional y residente en Barsalogho confirmó entonces a EFE y que fue el número también reivindicado por el propio JNIM.
Los testigos explicaron a HRW que los combatientes, armados con fusiles de asalto tipo Kalashnikov, dispararon contra la gente indiscriminadamente y revisaron la trinchera para ejecutar a los quedaban vivos.
También revelaron a la organización que los soldados destinados en la base militar de la localidad obligaron a los residentes varones, mediante amenazas y golpes, a cavar la nueva sección de la trinchera, cuya construcción comenzó en 2022, sin pagarles.
La base militar que se encuentra a unos cuatro kilómetros y medio del lugar de los hechos, según los testigos, no recibió ningún ataque.
También detallaron que menos de quince soldados y aproximadamente el mismo número de Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP) -civiles armados que combaten a el yihadismo en colaboración con el Ejército- respondieron ante la incursión pero "se vieron desbordados por las fuerzas de JNIM y murieron o se vieron obligados a retirarse".
"Mientras los grupos armados islamistas siguen cometiendo crímenes de guerra en todo Burkina Faso, el Gobierno debe investigar de forma creíble los abusos, establecer la responsabilidad de los mandos e intentar procesar adecuadamente a los responsables", aseveró Nantulya.
Desde 2015, varios grupos yihadistas, ligados tanto a Al Qaeda como al Estado Islámico, se han establecido en Burkina Faso, donde controlan muchas zonas y atacan constantemente a la población.
Miles de personas han muerto en numerosos ataques y más de dos millones se han visto obligados a abandonar sus hogares.
El país encajó dos golpes de Estado en 2022: uno el 24 de enero, dirigido por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, y otro el 30 de septiembre, encabezado por el capitán Ibrahim Traoré, quien dirige actualmente la nación.
Ambos golpes se perpetraron tras el descontento entre la población y el Ejército por los ataques yihadistas. EFE
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