Ciudad de Guatemala, 24 oct (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, apeló este jueves la resolución que dejó en libertad el pasado 18 de octubre al periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien se encontraba encarcelado desde julio de 2022.
La Fiscalía detalló mediante sus canales oficiales que la apelación tuvo lugar ante salida de prisión del periodista, por decisión del Juzgado Segundo Penal del Organismo Judicial guatemalteco.
El Ministerio Público aseveró que apeló la resolución ya que "existe violación a la acción penal" y también "peligros de fuga" de Zamora Marroquín, de 67 años.
El periodista recobró su libertad el pasado 19 de octubre, luego de su detención el 29 de julio de 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero del que fue acusado por la Fiscalía, apenas cinco días después de emitir fuertes críticas por corrupción contra el presidente en aquel momento, Alejandro Giammattei (2020-2024).
De acuerdo a expertos, el proceso judicial enfrentado por Zamora Marroquín fue parcial e irregular, debido a que tuvo que cambiar de abogado defensor en al menos cuatro ocasiones por la persecución judicial sufrida por cada uno de ellos de parte del Ministerio Público.
En 2024, el periodista fue reconocido con el premio Gabo a la excelencia y durante su encarcelamiento fue respaldado abiertamente por los Gobiernos de países como Estados Unidos y España.
Tras su salida de prisión, Zamora Marroquín se reunió el pasado lunes en su residencia con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, para dialogar sobre libertad de prensa y el futuro del país, entre otros temas, según indicó el Gobierno guatemalteco.
El periodista fundó hace casi 30 años el diario El Periódico, con el cual denunció miles de casos de corrupción estatal, hasta su cierre en 2023 ante el encarcelamiento del comunicador.
A Zamora Marroquín lo acusó la Fiscalía por lavado de dinero y obstrucción a la Justicia, pero en ninguno de los dos casos ha sido condenado y según expertos, las pruebas en ambos procesos judiciales carecen de valor.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, fue sancionada en 2021 por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción, al igual que la cúpula de la entidad. EFE
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