Ciudad de México, 23 oct (EFE).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo del Poder Judicial en México, determinó este miércoles reanudar por completo las actividades en todos los tribunales y juzgados del país y advirtió de sanciones a quienes se mantengan en paro.
La resolución, tras una votación dividida, se dio a conocer mediante la ‘Circular 23/2024’ y la cual pone fin a la interrupción de labores, salvo casos urgentes, que llevaban a cabo trabajadores del Poder Judicial por poco más de dos meses, desde el 19 de agosto.
El paro de labores surgió como manifestación de los inconformes al interior del Poder Judicial mexicano, a la que se sumaron jueces y magistrados, por la reforma que impulsa en junio de 2025 la elección de la mitad de todos los jueces y magistrados del país, así como de la totalidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con esta decisión, a partir del 24 de octubre, los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán asegurar el cumplimiento de las disposiciones administrativas y operativas necesarias para garantizar la correcta impartición de justicia.
La votación, que finalizó con cuatro votos a favor y tres en contra, reafirma lo establecido previamente en la Circular 22/2024, emitida el pasado 16 de octubre, en la que se había anunciado la reapertura de los tribunales y juzgados, según precisó la nota.
Con este nuevo fallo, se hace hincapié en la obligatoriedad de que todo el personal cumpla con el control de asistencia para asegurar el funcionamiento óptimo del sistema judicial.
Los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvés Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez, quien emitió un voto concurrente, se posicionaron a favor de la medida.
La ministra presidenta de la SCJN y el CJF, Norma Lucía Piña , la consejera Lilia Mónica López Benítez y el consejero José Alfonso Montalvo Martínez votaron en contra.
La circular establece que las áreas administrativas de cada tribunal y juzgado deberán aplicar sanciones al personal que no se presente a laborar, lo que podría significar descuentos económicos del sueldo.
El control de asistencia será estricto, con el objetivo de evitar ausencias injustificadas que puedan comprometer la operación del sistema judicial.
El consejero Sergio Javier Molina Martínez, al emitir su voto concurrente, también pidió información más precisa sobre la situación de los inmuebles y los órganos jurisdiccionales.
Indicó que es fundamental tomar en cuenta los informes de las administraciones regionales y la coordinación de seguridad para garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal. EFE
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