Bruselas, 23 oct (EFE).- La defensora del pueblo de la Unión Europea, Emily O’Reilly, pidió este miércoles a la Comisión Europea que elabore "criterios concretos" para suspender fondos a Túnez en caso de que haya pruebas de violaciones de los derechos humanos en la gestión migratoria.
Es una de las principales conclusiones del informe publicado hoy sobre una investigación abierta en abril pasado por O’Reilly, debido a las preocupaciones que le suscitaba el apartado sobre "Migración y movilidad" del Memorando de Entendimiento entre la UE y Túnez, firmado en julio de 2023.
La política irlandesa sugirió que la Comisión elabore criterios concretos que establezcan cómo suspendería los contratos financiados por la UE relacionados con la gestión de la migración cuando encuentre pruebas de violaciones de los derechos humanos por parte de los perceptores de fondos, esencialmente los contratistas.
En este contexto, solicitó además que la Comisión aliente a sus socios ejecutantes en el marco del Memorando de Entendimiento a establecer mecanismos de denuncia en los que las personas puedan denunciar presuntas violaciones de sus derechos humanos.
Tras conocer el informe, la Comisión Europea tomó nota de la decisión de la defensora del pueblo de la UE de cerrar la investigación que abrió en abril pasado, así como de las recomendaciones planteadas, dijo la portavoz comunitaria Ana Pisonero.
"La UE es una firme promotora y defensora enérgica del respeto de los derechos humanos en todo el mundo, incluido Túnez", subrayó Pisonero, al recalcar el compromiso "pleno" de Bruselas "con la transparencia y la rendición de cuentas" y su disposición a considerar "formas de posible mejora, específicamente relacionadas con el seguimiento de los derechos humanos".
La portavoz especificó que la UE y Túnez han avanzado en todos los pilares del memorando de entendimiento.
Sobre el tercer pilar, sobre movilidad migratoria, ya se han firmado contratos por valor de 53 millones de euros, del total de 105 millones previstos, para acciones centradas en la protección, los retornos y la integración, y la gestión de fronteras, dijo Pisonero.
En lo que respecta a la estabilidad macroeconómica, aclaró que la Comisión ya distribuyó hace meses un programa de apoyo presupuestario de 150 millones de euros a Túnez, centrado en promover reformas que contribuyan a mejorar la estabilidad del país.
Sobre economía y comercio, en junio pasado se concretaron más de 900 millones de euros en programas de inversión en energía e infraestructura de transporte para promover el desarrollo sostenible en Túnez y sus pymes.
Sobre la transición a la energía verde, también en junio se firmó un acuerdo sobre para impulsar la cooperación en materia de renovables y una hoja de ruta sobre acciones concretas.
Y, por último, existe un programa de apoyo de 65 millones de euros para apoyar el sistema educativo en Túnez, con construcción de nuevas escuelas primarias, por ejemplo, que ayudará a mejorar las condiciones de enseñanza para unos 14.500 alumnos, dijo Pisonero.
El objetivo de este acuerdo era frenar las salidas irregulares de inmigrantes hacia la UE, especialmente hacia Italia. EFE
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