Una semana después de que los afines al expresidente Evo Morales impusieran bloqueos como medida de presión al Gobierno de Bolivia, estos se han extendido a otras zonas del país, si bien la región más afectada continúa siendo Cochabamba, en medio ahora además de peticiones de adelanto electoral ante la negativa a negociar.
A pesar de que la Policía ha intervenido durante la semana muchos de estos puntos, la presión contra el presidente Luis Arce continúa entre quienes sostienen que se está llevando a cabo una persecución política contra Morales por las causas judiciales que tiene abiertas, entre ellas una por supuesto abuso de menores.
Cochabamba, bastión del expresidente boliviano, es el departamento más afectado, con hasta una docena de vías de acceso bloqueadas, seguido de Oruro y Santa Cruz. La región se encuentra aislada desde hace cinco días, con todo el tráfico prácticamente interrumpido por los manifestantes, informa 'Los Tiempos'.
Estos bloqueos han provocado una escasez de combustible que ha obligado al 70 por ciento de la flota de transporte público de la región urbana departamento de Cochabamba a suspender su actividad.
El Gobierno de Bolivia ha adelantado que a partir de este lunes se implementarán medidas para garantizar la entrega de combustible, en especial en aquellas regiones que están padeciendo más las consecuencias de unos bloqueos, que han dejado ya decenas de detenidos.
Después de que tanto Morales como los grupos y sindicatos que le son afines hayan rechazado en varias ocasiones las invitaciones del Gobierno a negociar, son ya cada vez mayor el número de voces que instan al presidente Arce a adelantar elecciones, en medio de las disputas internas para ver quién es el candidato.
El propio Morales ha reprochado al Gobierno haber comenzado esta crisis con la apertura de causas judiciales. De no haberlo hecho, ha dicho, "la gente hubiera aguantado". En ese sentido, ha advertido de que las protestas continuarán y se extenderán a los nueve departamentos del país.
Los grupos partidarios de Morales no solo reclaman el fin de esta supuesta persecución política a la que estarían siendo sometido, sino también su habilitación para las próximas elecciones, a pesar de que el Tribunal Constitucional estableció que ningún cargo político puede ejercer un mandato más de dos veces ya sea de forma continua o discontinua.
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