El Gobierno ha asegurado que, desde los últimos años, los módulos de concierto que financian la enseñanza concertada "se han venido actualizando para reflejar, en todos sus apartados, los incrementos previstos para los empleados públicos".
En este sentido, ha destacado que "se valora el incremento de la financiación para la enseñanza concertada en un 11 por ciento desde el año 2021".
Así lo ha manifestado el Gobierno en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, al ser preguntado por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados sobre si plantea promover la revisión y actualización de la financiación de los colegios concertados.
El Ejecutivo señala por otra parte que los planes de coordinación y planificación de la oferta educativa "son competencia de las administraciones educativas en su ámbito de actuación".
Ante la pregunta de Vox sobre si la "infrafinanciación" de la escuela concertada afecta a las familias que quieren una educación católica para sus hijos, el Gobierno recuerda que, aunque España es un país aconfesional, la Constitución Española garantiza 'la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley'.
Del mismo modo, la Carta Magna reconoce que 'los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones'.
"Así, por imperativo constitucional, el Estado viene obligado, en la medida en que las creencias religiosas de la sociedad española lo demanden, al mantenimiento de relaciones de cooperación con las diferentes Confesiones o Comunidades religiosas, pudiendo hacerlo en formas diversas con las Confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas", subraya el Gobierno.
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