Washington, 31 ene (EFE).- El padre de un niño que padece cáncer ha demandado por discriminación a la obra de beneficencia 'Ronald McDonald House' (RMH) alegando que la negativa a ayudar a personas con antecedentes penales perjudica especialmente a las minorías, informó este jueves la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
RMH, fundada en 1940, opera más de 380 "hogares" en 64 países, donde ofrece alojamiento gratuito a los familiares de niños hospitalizados que reciben tratamiento en hospitales cercanos.
Una de las reglas de la organización de beneficencia prohíbe la ayuda a personas que tengan condenas por delitos en el pasado.
La ACLU y otros grupos que apoyan la demanda iniciada por Juan Mieles alegan que "esa política que veda a todas las personas con una amplia gama de condenas, sin consideración de circunstancias individuales, tiene un efecto injustificado contra afroamericanos y latinos".
Mieles dijo que después de que la familia conoció el diagnóstico de su hijo Anthony y la necesidad de un transplante de células madre que podría requerir meses de hospitalización, recurrió a RMH en busca de ayuda.
"Fue estremecedor cuando nos dijeron que teníamos que irnos por mi condena", añadió.
La conducta que llevó a la condena a prisión de Mieles ocurrió hace más de una década, según la demanda presentada ante el Tribunal Federal del Sur de Nueva York.
"Sentí que todo el tiempo que pasé en prisión y todo lo que he trabajado todos estos años para encaminar mi vida en la buena senda no importan. Una vez que tienes antecedentes estás embromado", dijo Mieles.
Diane Johnston, del Centro de Acción Legal, que se sumó a ACLU en la demanda, afirmó que la política de RMH “es solo un ejemplo de las muchas formas en que el sistema legal daña a perpetuidad a las personas y las familias".
Las normas de la organización "ignoran el tiempo transcurrido desde el delito o la condena", dice la demanda, y subraya que “esa política rechaza de su alojamiento a individuos con ciertas condenas, independientemente del tiempo transcurrido".
Amanda Meyer, del Programa de Justicia Racial en ACLU, apuntó que las agencias gubernamentales federales y del estado de Nueva York han advertido desde hace mucho tiempo a los proveedores de alojamiento que "las vedas injustificadas e innecesarias sustentadas en antecedentes criminales dañan desproporcionadamente a las personas negras y latinas, y son ilegales". EFE
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