QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador dejó en reserva su respuesta al asilo anunciado por Argentina el viernes a la ex ministra María de los Ángeles Duarte, sentenciada por actos de corrupción durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa.
La Cancillería aseguró en un comunicado que adoptará una decisión atendiendo a la legislación ecuatoriana, el derecho internacional y los convenios aplicables. Será notificada a Argentina y a la opinión pública, indicó, en su oportunidad.
Tras la concesión de asilo, las autoridades ecuatorianas deben suscribir un salvoconducto para que Duarte pueda movilizarse hasta el aeropuerto, lo que neutraliza la orden de captura que pesa sobre ella.
Duarte se desempeñó como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda entre los años 2007 y 2009, luego fue ministra de Inclusión Económica y Social del 2009 al 2010 y finalmente ministra de Transporte y Obras Públicas del 2010 al 2014.
En relación a su último cargo es que fue sentenciada a ocho años de prisión por delito de soborno en un caso de aportes de campaña irregulares al partido de gobierno entonces Alianza País por parte de empresas ecuatorianas e internacionales, incluida la brasileña Odebrecht.
La ex ministra ingresó a la residencia oficial de la embajada argentina, en el norte de Quito, en agosto de 2020 para evitar cumplir la sentencia de prisión recibida. Fue acompañada de un hijo menor de edad cuyo padre es de ese país. Fue acogida por razones humanitarias, según se informó en esa época, y ha permanecido hasta ahora dentro del perímetro diplomático.
Duarte es parte de los altos funcionarios, incluidos ministros, el ex vicepresidente Jorge Glas y el mismo ex mandatario Correa, sentenciados por actos de corrupción durante la gestión del 2007 al 2017, aunque ellos han argumentado que son víctimas de persecución política.
El expresidente, poco después de dejar el poder en mayo del 2017, trasladó su residencia a Bélgica, de donde es originaria su esposa Anne Malherbe. Desde que fuera sentenciado a prisión en dos procesos penales en su contra -por el caso Odebrecht y por los aportes irregulares de campaña- no ha regresado a territorio ecuatoriano para enfrentar a la justicia ecuatoriana, aduciendo falta de imparcialidad del sistema de Justicia.
Bélgica le concedió asilo en abril de este año, un estatus que evita que sea extraditado a Ecuador.
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