CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Consejo de la Unión Europea (UE) prorrogó por un año más las sanciones a 21 funcionarios y a tres instituciones del gobierno de Nicaragua, incluida la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, se informó el jueves.
En un comunicado, la UE indicó que las sanciones que estarán vigentes hasta el 15 de octubre de 2023 incluyen “la congelación de activos” y la prohibición a los ciudadanos y empresas de la UE a poner fondos a su disposición. Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar “que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE”, explicó.
El informe destacó que la medida ocurre tras “la decisión injustificada” del gobierno nicaragüense de expulsar del país a la embajadora de la UE, Bettina Muscheidt, el mes pasado, y de cortar relaciones con Holanda, así como la respuesta recíproca de la UE de declarar persona non grata a la jefa de misión de Nicaragua ante la UE, Zoila Yanira Müller.
Indicó que la UE “reafirma su continuo compromiso con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos” y reiteró que la actual crisis política en Nicaragua “debe resolverse mediante un verdadero diálogo” entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición.
“La UE sigue abierta al diálogo con Nicaragua, siempre que éste se desarrolle de forma respetuosa”, precisó el comunicado. Advirtió, sin embargo, que el bloque europeo “puede decidir renovar las sanciones y modificar la lista de entidades o personas afectadas en función de la evolución del país” de ahora en adelante.
La UE impuso por primera vez, en mayo de 2020, sanciones a entidades “responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática” y a seis funcionarios “cuyas acciones políticas o actividades socavan la democracia y el Estado de Derecho” en Nicaragua.
Además de Rosario Murillo, también están sancionados por la UE sus hijos Camila, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo; el presidente del Parlamento, Gustavo Porras; la titular de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; la fiscal general Ana Julia Guido; el asesor presidencial Bayardo Arce y los jefes de la Policía, Fidel Domínguez y Juan Valle Valle.
A fines de septiembre, la Cancillería nicaragüense expulsó a la embajadora Muscheidt, días después de que el bloque de 27 naciones exigiera a Ortega la liberación de más de 200 opositores presos.
La UE también había pedido a Ortega permitir el ingreso de los organismos internacionales de derechos humanos y a “devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense, a sus legítimos dueños, y a restaurar la democracia genuina”.
El gobierno de Ortega nunca confirmó la expulsión de la embajadora, que había presentado sus cartas credenciales un año antes. La UE sí lo hizo y anunció que prepararía una respuesta a esa decisión.
La embajadora de la UE fue la segunda diplomática europea expulsada de Nicaragua por el gobierno de Ortega este año. En marzo, el Vaticano reportó la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Sommertag, quien había realizado gestiones para interceder por la libertad de los reos de conciencia.
Nicaragua vive una crisis política desde abril de 2018, cuando una rebelión ciudadana fue disuelta a balazos por policías y paramilitares, que dejaron 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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