El presidente estadounidense Joe Biden levantó el viernes las sanciones impuestas por su predecesor Donald Trump a dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional, anulando con ello una de las medidas más agresivas del gobierno previo contra instituciones y funcionarios internacionales.
El secretario de Estado Antony Blinken resaltó en una declaración que Estados Unidos sigue en desacuerdo firme con algunas decisiones de la corte, un organismo afincado en La Haya que procesa causas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
“Sin embargo, creemos que nuestras preocupaciones sobre esos casos se resolverían mejor” a través de la diplomacia y “no imponiendo sanciones”, escribió Blinken.
La anulación de las sanciones es el indicio más reciente de que el gobierno de Biden planea regresar al enfoque multilateral. El gobierno de Trump había sacado a Estados Unidos de numerosas instituciones y acuerdos internacionales, y criticó duramente a otros, diciendo que trabajaban contra los intereses estadounidenses.
Desde que Biden llegó a la Casa Blanca, su gobierno se ha reintegrado a la Organización Mundial de Salud, renovado contactos con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, regresado al acuerdo climático de París, y el vienes inicio conversaciones dirigidas al regreso al acuerdo nuclear con Irán. Trump se había retirado de todos.
El tribunal en La Haya fue creado para procesar a personas que cometen crímenes de guerra y contra la humanidad en casos en los que no existen sistemas judiciales adecuados. Estados Unidos no es uno de los 120 países miembros de la CPI, que comenzó sus operaciones en el 2002, por temores de que pudiera ser utilizada para enjuiciamientos políticamente motivados de militares y funcionarios estadounidenses.
Diversos grupos de derechos aplaudieron el viernes a Biden por desechar las sanciones de Trump, pero lo exhortaron a ir más allá, apoyando el trabajo del tribunal y convirtiendo a Estados Unidos en un país miembro.
Las sanciones impuestas por Trump fueron contra la fiscal Fatou Bensouda y el jefe de jurisdicción de la corte Phakiso Mochochoko por proceder con investigaciones hacia Estados Unidos y sus aliados, notablemente Israel, por acusaciones de crímenes de guerra. Las medidas incluían prohibiciones de viajes, congelación de bienes y la consideración de penalizaciones para quienes les dieran “apoyo material”.
Las sanciones fueron condenadas enérgicamente por la corte internacional, así como por numerosos Estados miembros de la CPI y grupos de derechos humanos.
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