(Desde Santiago, Chile) - A poco más de una semana del secuestro del exteniente coronel venezolano Ronald Ojeda Moreno (32), en Santiago, las pesquisas comienzan a dar frutos, pues este miércoles se supo que la Policía de Investigaciones chilena (PDI) tendría identificados a dos sospechosos, quienes ya estaban en el radar de las autoridades por delitos previos en el país.
Cabe recordar que Ojeda Moreno fue sacado a la fuerza la madrugada del miércoles 21 de este mes, desde su departamento en la comuna de Independencia, por cuatro sujetos armados y vestidos como detectives de la PDI. Hasta ahora, se desconoce si está vivo, muerto, o camino a Venezuela.
Según consignó el vespertino La Segunda, se trataría de dos ciudadanos venezolanos quienes habrían colaborado específicamente en el traslado del exmilitar.
Su identificación habría sido posible gracias a un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad y del recorrido de más de diez vehículos que transitaron por la Costanera Norte a la hora del rapto, entre ellos, el Nissan Versa robado y con patente clonada en el que se llevaron a Ojeda Moreno.
Aunque en ese automóvil -que luego fue abandonado en la comuna de Renca- no fue posible levantar huellas dactilares, también se están analizando otros dos autos en los que se habría trasladado a la víctima, movimiento de despiste en el que habrían participado los, hasta ahora, únicos dos sospechosos de este caso.
Durante la jornada de ayer trascendió que las policías han reforzado el control fronterizo en la zona norte del país, pues las sospechas apuntan a una posible casa de seguridad en la ciudad de Arica (2.000 kms al norte de Santiago), ciudad en la que se han hecho fuertes El Tren de Aragua y el clan Los Gallegos, y desde donde es posible cruzar fácilmente a Tacna, en Perú, y seguir luego camino a Bolivia.
Mientras tanto, desde el Gobierno de Gabriel Boric insistieron en mantener el carácter secreto de la investigación, ante la andanada de críticas de la oposición, quienes han pedido mayores antecedentes y reuniones secretas de las que han salido, airados, con más dudas que certezas.
“Tampoco el Ministerio Público está obligado a entregar información al Gobierno y al Ministerio del Interior, o a ninguna de las autoridades que puedan estar asociados por precisamente ese deber de reserva”, recalcó el ministro de Justicia, Luis Cordero.
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